La peculiaridad de las catedrales determinó la necesidad, a finales de los años ochenta, de poner en marcha planes específicos que plantearan una estrategia de estudio común, que coordinaran las intervenciones de restauración y permitieran la concurrencia de las iniciativas de todos los responsables de su protección y su conservación. Los poderes públicos decidieron apoyar a los cabildos catedralicios en su tarea de conservación del monumento, recabando de ellos un compromiso recíproco.
La respuesta a esas necesidades fue el Plan Nacional de Catedrales que además pretendía atender a otros factores que hicieron acto de presencia en aquellos años, entre ellos el fuerte incremento de la contaminación ambiental y ciertos cambios en la propia función de los conjuntos catedralicios generada por la demanda de un turismo masivo y su utilización como espacios culturales. La iniciativa de poner en marcha dicho Plan fue formulada por la Subdirección General de Monumentos y Arqueología del entonces Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, actual IPCE.
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