Las Comunidades Autónomas han protegido hasta el momento unas 60 manifestaciones culturales inmateriales a través de su declaración como Bien de Interés Cultural. Esta figura, la categoría máxima de protección que fija la Ley de Patrimonio Histórico Español, está adoptando progresivamente las indicaciones que fija el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial con la intención de evitar la fosilización de estas manifestaciones y favorecer la tutela directa de sus protagonistas.